El Principado y la Xunta de Galicia establecieron un grupo permanente para intercambiar experiencias sobre desafío demográfico, políticas migratorias, derechos sociales y conciliación. Acordaron reunirse anualmente y solicitar una modificación del criterio de reconocimiento de territorios escasamente poblados en la UE.
Abogan por revisar la fiscalidad, establecer beneficios para la población rural, promover nuevas actividades y prestar atención a las comunidades rurales. Las dos comunidades se consideran aliadas prioritarias y están abiertas a la inclusión de otros territorios. Se firmó la Declaración de Taramundi.
